Corrupción, cultura e incentivos

La corrupción es un fenómeno que existe desde los inicios de la civilización. Disciplinas como la ciencia política, la sociología y el derecho se han encargado de estudiarla exhaustivamente. Definirla es simple: el abuso del poder -casi siempre público- para obtener ganancias privadas. Combatirla no es tan simple, pues esto pasa por definir en primer lugar, ¿por qué las personas tienden a ser corruptas? ¿es efectivamente un problema cultural o uno institucional?

La postura más simplista y que invita a quedarnos de brazos cruzados es la tradicional afirmación de que “la corrupción es un problema cultural.” Es decir, hay algo inherente a la mexicanidad que nos hace abusivos del poder; en otras palabras, somos corruptos porque somos mexicanos… Llevado al extremo, esta afirmación llega a tener connotaciones de audacia (el que no transa no avanza, un político pobre es un pobre político, etc.). Aun más lamentable y cínica es la afirmación “la corrupción somos todos”, como si el ciudadano común tuviera la responsabilidad y las herramientas (el poder) para resolver los problemas públicos. No, para eso existe el gobierno democráticamente electo.

Hay otra visión para entender la corrupción, ésta si basada en teoría. La corrupción es un problema de incentivos. Académicos como Rose-Ackerman o Montinola y Jackman ejemplifican esta posición con una ecuación simple: Abusar del poder público depende del costo-beneficio. Si el beneficio de violar la ley es alto y la probabilidad de ser descubierto y castigado son mínimas, hasta los suizos serian altamente corruptos. En esta visión, un aspecto clave para acotar la corrupción es el cambio tecnológico. Abordaremos este tema en la siguiente entrega. 

Hillary y las universidades

Una de las propuestas más audaces y controvertidas de Hillary Clinton se da en el ámbito de la educación superior. El planteamiento es elegante y poderoso: garantizar la gratuidad de las universidades públicas estatales.

Es audaz porque representaría la solución a uno de los problemas más graves de la clase media norteamericana: el acceso a la universidad y la enorme deuda de las familias para cubrir sus elevados costos. Es controvertida porque va en contrasentido de uno de los valores centrales del modelo de gobernanza de las universidades públicas y de la ideología económica de Norteamérica: la capacidad de las instituciones para cobrar por sus servicios y así mantener estándares globales de calidad, transfiriendo los costos principalmente a las familias.

El eje de la propuesta es que las familias que ganen menos de 85 mil dólares al año no pagarían colegiatura para sus hijos en universidades públicas estatales, y los fondos se aumentarían gradualmente para que en 2021 este beneficio alcance a las que ganen hasta 125 mil dólares; asimismo, habría prórrogas para reestructurar la deuda que permita a los egresados saldar préstamos en máximo 20 años, de acuerdo a sus ingresos y con intereses bajos.

La propuesta suena bien, pero la pregunta obligada –y aguafiestas- en política pública es: ¿quien paga y cuales serían las consecuencias de largo plazo? Aun para la potencia estadounidense sería muy difícil mantener el alto financiamiento que ahora tienen sus universidades solo con recursos públicos, lo que para algunos críticos pondría en riesgo el prestigio global de su sistema público. Veamos qué dice Hillary en los debates en puerta. 

La política de los técnicos

En política pública (policy) no hay decisión puramente técnica, quien así lo afirme probablemente pretende maquillar una agenda política (politics). En un mundo ideal, primero se realizaría la investigación científico-técnica y, de lo que resulte, se implementaría una política racional y neutral. No obstante, la realidad es necia y, generalmente, la relación causal es inversa: primero se toma una definición política y después se busca la justificación técnica.

La socióloga Dorothy Nelkin, en su estudio “El impacto político del conocimiento técnico”, argumenta que los científicos pasaron a ser indispensables para los temas de política pública, pues “su conocimiento es extensamente considerado como una fuente de poder”. La autora explica cómo la técnica refuerza la idea de la elección racional para tomar decisiones, como “un medio para defender la legitimidad de decisiones específicas”. Nelkin aborda dos casos donde decisiones impopulares tratan de justificarse por medio de expertos: una planta de energía nuclear en el estado de Nueva York y una nueva pista de aterrizaje para el aeropuerto de Boston. En ambos casos, el conflicto político transitó de la arenga a los informes técnicos contradictorios.

Ejemplos en México los hay en abundancia, para muestra un botón: El ya tristemente célebre tiradero de Cocula, donde hay evidencia científica sobre la existencia de fuego y sobre la falta del mismo; así como el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, donde se argumenta técnicamente tanto su viabilidad como su inoperancia. En ambos casos hay “ciencia” a la carta.

Al final del día, cualquier decisión pública es más justificable cuando resulta de un algoritmo matemático o de un focus group.

El Brexit y la academia

La incertidumbre sobre el futuro del Reino Unido ha alcanzado a la academia. Pertenecer a la Unión Europea conlleva que los estudiantes de los diversos países que la integran paguen una colegiatura menor que otros estudiantes internacionales. Así, un ciudadano europeo paga alrededor de 9 mil libras esterlinas anuales para un programa en el Reino Unido, mientras que las colegiaturas para ciudadanos no europeos pueden ir desde las 16 mil libras para un programa en artes, hasta las 32 mil para programas de medicina.

Además, los profesores de la Unión Europea tienen acceso a fondos nada despreciables como Horizon 2020, con una bolsa de 80 mil millones de euros para 2014-2020. En un ejemplo de lo que viene, el periódico The Guardian reporta que autoridades universitarias europeas han pedido a científicos británicos que desistan de sus aplicaciones para estos programas, debido a que muy pronto ya no serán parte del club. Ante esto, ha surgido la alarma en las universidades británicas por el temor a perder estudiantes y financiamiento; asimismo, la incertidumbre permea en los estudiantes europeos en el Reino Unido, que perderían el subsidio que los llevo a estudiar ahí en primer lugar. Fiel a la irracionalidad del Brexit: todos pierden.

En este panorama sombrío, Theresa May deberá tejer fino en las negociaciones de salida, evitando que la debacle política en que se metieron gratuitamente los británicos represente un retroceso en el desarrollo de sus prestigiadas universidades y, por ende, en el avance científico y tecnológico de Europa.

Las universidades británicas necesitan afecto, México debe aprovechar la oportunidad para estrechar lazos.  

Las masas y la FIFA

Al calor de las dos más recientes justas futboleras, la Copa América y la Euro, llama la atención la irracionalidad de la FIFA y de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), al pretender resolver un tema que desde hace siglos ni los más brillantes sociólogos, economistas y politólogos han logrado: regular el comportamiento de las masas enardecidas.

Con motivo del folklórico grito al portero rival, el ya famoso ¡ehhh… p…”, la asociación ha impuesto multas derivadas de expresiones consideradas como ofensivas a las selecciones de Argentina, Chile, México, Perú y Uruguay; 70,000 francos suizos para Chile y 20,000 para cada uno de los otros países. Aun más divertido, la FMF saco al aire sendos comerciales moralistas donde porteros tratan de concientizar y hasta amenazar a los aficionados con un cándido “ya párale”. Sí, los grandes cerebros pamboleros de la FMF pretenden resolver lo que las ciencias sociales no han podido.

En uno de sus trabajos, Christian Borch presenta dos enfoques con los cuales sociólogos estudian a las multitudes: como cuerpos con demandas políticas concretas y agendas racionales, o bien como enjambres incontrolables e irracionales sin demanda alguna; el caso que tanto preocupa a los líderes del futbol recae en el segundo supuesto. Entonces, resulta iluso y contraproducente querer regular una multitud difusa, sumida en el calor del momento y que no desarrolla actos violentos.

Una humilde recomendación para la FIFA y la FMF: No pierdan el tiempo jugando a ser estadistas, mejor enfóquense en limpiar al fútbol de la corrupción interna. Garanticen juegos limpios e imparciales, lo demás es ocioso y hasta cae en el ridículo.

Brexit y el Fin del Mundo

El Reino Unido acudió a las urnas y el 51.9% de quienes votaron en el referéndum decidieron que el país debe abandonar la Unión Europea. Desde el primer proceso de integración europea en la década de los 50 del siglo XX, ningún país miembro había abandonado este pacto de integración.

Mucho ha ocurrido en el mundo desde ese 23 de junio: la libra esterlina cayó más de 10% la noche de la votación -sus peores niveles desde 1985-; Escocia votó en contra de salir y ahora advierten que organizarán un nuevo referéndum para separarse del Reino Unido; David Cameron anuncia que dimite como Primer Ministro y los conservadores deben elegir un nuevo liderazgo; los impulsores del Brexit, Nigel Farage y Boris Johnson, se han desentendido de sus campañas al demostrarse que las ventajas de la salida eran una exageración -como buenos populistas, nunca se imaginaron que ganarían y ahora deben enfrentar su éxito.

Brexit no es el fin del mundo ni el de la UE. Cuando el Reino Unido termine por separarse formalmente, si es que no sucede algo inesperado que revierta la situación, las relaciones políticas y comerciales con el resto de Europa continuarán. Histórica y geográficamente son socios por naturaleza.

En todo caso, como lo afirma Kenneth Rogoff, la gran lección política es que una decisión tan trascendente no puede dejarse a la votación de una mayoría simple (y desinformada), la vara debió haber sido mucho más alta. En pocas palabras, los británicos votaron por salir de la UE por una razón: porque pudieron. Ya hay signos de cruda moral al respecto.    

¿Se negocia con el crimen organizado?

La principal función de un gobierno es la negociación; dialogar y acordar, con mano izquierda y con mano derecha. Para John Bailey y Matthew Taylor (2009), aunque los gobiernos no estén corrompidos o aliados con estos grupos, la interacción entre los Estados y los actores criminales tiende a ser continua, buscando un equilibrio que evada el conflicto frontal; incluso, “al querer reclamar el monopolio del uso de la violencia legítima, muchos Estados pueden estar en constantes negociaciones con grupos criminales para preservar una apariencia de orden”.

En ese contexto, son dignas de análisis las aseveraciones de políticos en diversos países respecto a que bajo ninguna circunstancia debe negociarse con el crimen organizado. Si creemos en la teoría de Bailey y Taylor, tales afirmaciones se entenderían en un marco de simulación y para distraer al ciudadano común -y provocarían sonrisas en cualquier funcionario de la DEA o la CIA, entre muchas otras agencias. La clave es entender que, en la realpolitik de las agencias de inteligencia, negociar con el crimen no significa haber sucumbido a su poder, sino precisamente reconocer la complejidad del problema y buscar mecanismos para limitar su influencia a los rangos de lo socialmente tolerable.

Entonces, se puede argumentar que las escaladas de violencia se dan cuando fracasan las negociaciones y/o se rompen los equilibrios, o bien cuando se cree que se puede erradicar frontalmente la lacra del crimen organizado. La pregunta es, ¿negociar con el narcotráfico ha sido un curso de acción abandonado por los gobiernos, para en su lugar concentrarse en una lucha frontal con pocas probabiliades de éxito?