Presupuesto bajo cero

El anuncio del Gobierno Federal sobre un presupuesto “base cero” para 2016 generó mucha expectativa, como una promesa de reingeniería para una mayor eficiencia en el gasto público. El presupuesto base cero significa que cada programa presupuestal debe justificar su existencia año con año, eliminando aquellos que ya no contribuyen al bien público. Buena idea, pero el problema está en los detalles.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2016 presenta recortes, fusión y desaparición de algunos programas presupuestales, pero ello no significa una metodología base cero. Más que una innovación para transformar la lógica del gasto publico, representa una tradicional reducción presupuestal; un presupuesto bajo cero. 

¿Qué tan grandes y en dónde recaerán los recortes? Dado que el comportamiento de los ingresos tributarios será mejor de lo originalmente previsto, el recorte del gasto será moderado, mucho menos drástico de lo que se temía. El gasto neto pagado ascenderá a 4.7 billones de pesos, eso supone apenas una reducción del 1.9% real respecto a lo autorizado para el 2015.

Las secretarías de Estado y áreas más afectadas serían: Comunicaciones y Transportes con un presupuesto 25% menor al 2015, en términos reales; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación con una disminución de 19.6%; y la Oficina de la Presidencia de la República con una reducción real del 18.8%.

Para las instituciones de educación superior el presupuesto queda prácticamente igual que en 2015, con un aumento real de apenas 0.2%. Mala noticia dada la dinámica de aumento de matrícula que las universidades públicas venían desarrollado en los últimos años. La pelota está ahora en el Poder Legislativo. 

Las armas y la política de la estupidez

Como sucede al menos una vez al año, cuando un crimen de alto impacto a manos de algún desequilibrado mental cimbra a la sociedad norteamericana, el debate sobre el control de armas de fuego está de nuevo en la agenda de aquel país. El problema desde el punto de vista técnico pareciera simple y de sentido común: generar regulaciones para que no sea tan fácil que armas de fuego lleguen a las manos de las personas equivocadas. Sin embargo, la ideología y las posiciones partidistas han polarizado este debate, obstaculizando políticas racionales y sensatas.

La Segunda Enmienda Constitucional de los Estados Unidos, aprobada en 1791, plasmó el derecho a poseer armas para que la sociedad civil pudiera defenderse directamente de cualquier amenaza. En ese país el derecho a las armas de fuego es parte de la cultura y la identidad, pero la interpretación constitucional ha ido demasiado lejos; para adquirir un arma automática solo basta ir a un supermercado, mostrar una identificación y pagarla. Un franco sinsentido.    

En 2012, la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen (UNODC) estimó que 270 millones de armas estaban en manos de civiles estadounidenses; 88 armas por cada 100 habitantes. Contrario a lo que afirma la Asociación Nacional del Rifle (NRA), este armamentismo civil no ha hecho a los norteamericanos más seguros. El Centro para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC) reportó que, en 2013, hubo 33,636 homicidios por arma de fuego en EUA (en México fueron 23,063). Acá hay guerra contra las drogas, allá debería ser contra las armas.