Monday, September 26, 2016

Corrupción, cultura e incentivos

La corrupción es un fenómeno que existe desde los inicios de la civilización. Disciplinas como la ciencia política, la sociología y el derecho se han encargado de estudiarla exhaustivamente. Definirla es simple: el abuso del poder -casi siempre público- para obtener ganancias privadas. Combatirla no es tan simple, pues esto pasa por definir en primer lugar, ¿por qué las personas tienden a ser corruptas? ¿es efectivamente un problema cultural o uno institucional?

La postura más simplista y que invita a quedarnos de brazos cruzados es la tradicional afirmación de que “la corrupción es un problema cultural.” Es decir, hay algo inherente a la mexicanidad que nos hace abusivos del poder; en otras palabras, somos corruptos porque somos mexicanos… Llevado al extremo, esta afirmación llega a tener connotaciones de audacia (el que no transa no avanza, un político pobre es un pobre político, etc.). Aun más lamentable y cínica es la afirmación “la corrupción somos todos”, como si el ciudadano común tuviera la responsabilidad y las herramientas (el poder) para resolver los problemas públicos. No, para eso existe el gobierno democráticamente electo.

Hay otra visión para entender la corrupción, ésta si basada en teoría. La corrupción es un problema de incentivos. Académicos como Rose-Ackerman o Montinola y Jackman ejemplifican esta posición con una ecuación simple: Abusar del poder público depende del costo-beneficio. Si el beneficio de violar la ley es alto y la probabilidad de ser descubierto y castigado son mínimas, hasta los suizos serian altamente corruptos. En esta visión, un aspecto clave para acotar la corrupción es el cambio tecnológico. Abordaremos este tema en la siguiente entrega. 

Monday, September 12, 2016

Hillary y las universidades

Una de las propuestas más audaces y controvertidas de Hillary Clinton se da en el ámbito de la educación superior. El planteamiento es elegante y poderoso: garantizar la gratuidad de las universidades públicas estatales.

Es audaz porque representaría la solución a uno de los problemas más graves de la clase media norteamericana: el acceso a la universidad y la enorme deuda de las familias para cubrir sus elevados costos. Es controvertida porque va en contrasentido de uno de los valores centrales del modelo de gobernanza de las universidades públicas y de la ideología económica de Norteamérica: la capacidad de las instituciones para cobrar por sus servicios y así mantener estándares globales de calidad, transfiriendo los costos principalmente a las familias.

El eje de la propuesta es que las familias que ganen menos de 85 mil dólares al año no pagarían colegiatura para sus hijos en universidades públicas estatales, y los fondos se aumentarían gradualmente para que en 2021 este beneficio alcance a las que ganen hasta 125 mil dólares; asimismo, habría prórrogas para reestructurar la deuda que permita a los egresados saldar préstamos en máximo 20 años, de acuerdo a sus ingresos y con intereses bajos.

La propuesta suena bien, pero la pregunta obligada –y aguafiestas- en política pública es: ¿quien paga y cuales serían las consecuencias de largo plazo? Aun para la potencia estadounidense sería muy difícil mantener el alto financiamiento que ahora tienen sus universidades solo con recursos públicos, lo que para algunos críticos pondría en riesgo el prestigio global de su sistema público. Veamos qué dice Hillary en los debates en puerta.