Trump y las contradicciones del Colegio Electoral

La administración de Trump estará marcada por un manto de ilegitimidad electoral –lo que ya sabemos es muy peligroso-, debido al garrafal fallo de uno de los “pesos y contrapesos” más importantes de la democracia norteamericana; el Colegio Electoral (CE). Trump obtuvo los 270 votos electorales necesarios; sin embargo, Hillary  ganó el voto popular por más de dos millones de votos (48.2% vs. 46.3%).

Quienes desestiman esto invocan los momentos en la historia donde el candidato ganador obtuvo menos votos populares: Hayes (1876), Harrison (1888) y George W. Bush (2000) (dato curioso, todos republicanos). También invocan el espíritu del CE de mantener un equilibrio entre los estados de la Unión para que la elección del Presidente no recaiga sólo en los más poblados. Pero, ¿en verdad cumplió con su misión este Colegio?

Al margen de que también fue creado para dar mayor peso a los estados del sur, que en ese entonces tenían una gran cantidad de esclavos que no votaban, los padres fundadores de Estados Unidos diseñaron un Colegio Electoral para elegir al Presidente de forma indirecta, por dos razones: 1) para evitar la tiranía de las mayorías; y 2) para que los miembros del Colegio, considerados la élite intelectual de la época, “votaran en nombre de los ciudadanos para asegurarse de que no llegara un tirano o demagogo al poder”.

Lo que demostró esta elección es que este sistema indirecto, si bien evitó la “tiranía de las mayorías”, puso al país a merced de algo peor, una tiranía de las minorías con bajos niveles educativos. Y si, llegó un demagogo autoritario al poder.

Educación superior y desarrollo democrático

Se había vuelto lugar común, concepto vacío, decir que la educación superior es indispensable para el desarrollo democrático, social y económico de los pueblos. Pues bien, los acontecimientos electorales recientes en el Reino Unido y en Estados Unidos nos han mostrado que esa noción es absolutamente cierta; la educación superior es un asunto de seguridad global, si queremos consolidar el liberalismo democrático en el mundo.

Los británicos que eligieron salir de la UE y los norteamericanos que eligieron a Trump son, primordialmente, aquellos con bajo nivel educativo. En esta última elección, mientras que alrededor del 60% de quienes no cuentan con educación superior votaron por Trump, solo alrededor del 30% de quienes cuentan con posgrado lo hicieron (aunque no lo crean!). Si bien existen otras variables que explican la inclinación de los votantes, es claro que el nivel educativo tuvo un peso importante.

La contradicción en esto es que los Estados Unidos tienen, indiscutiblemente, las mejores universidades del mundo. No obstante, amplias franjas de su población no han tenido acceso a la educación superior.  

Esta elección presidencial se caracterizó por un candidato republicano que apeló al resentimiento y al rechazo que tiene la población blanca no sólo hacia los migrantes, sino también hacia personas racialmente distintas a ellos, es decir: al racismo y al rechazo a la multiculturalidad. Algo que nos recuerda la importancia que tienen las universidades en la sociedad, no solamente para proveer de una formación profesional, sino también para la consolidación de los valores democráticos de la libertad, igualdad, diálogo y tolerancia. Atributos no fácilmente medibles, pero cuya ausencia tiene profundos impactos en la paz social. 

Policymaking, populismo y democracia

Recientemente, los mecanismos de consulta directa sobre temas de gran impacto han dado mucho de qué hablar. Los sendos referéndums para el Brexit en Reino Unido y para los acuerdos de paz en Colombia han sido polémicos por sus resultados. En ambos casos se dio el mismo supuesto: decisiones previamente tomadas por las élites del policymaking, racionales y analizadas a fondo, fueron sometidas a legitimación donde se asumía que el pueblo las avalaría contundentemente.

Ocurrió lo que pocos anticipaban. Desafiando todas las encuestas y previsiones de las élites, los británicos votaron por salir de la UE y los colombianos por el “no” a la paz.     

Como lo plantea Kaplan en su libro The Myth of the Rational Voter, el problema con someter a consulta decisiones trascendentes y especializadas es que los votantes carecen de incentivos para informarse a detalle sobre las implicaciones de las mismas. Un taxista en Liverpool no tiene los incentivos ni el tiempo para analizar las variables macro-económicas y la letra chiquita de los tratados entre la UE y el RU, como para decidir de manera informada.

Precisamente para tomar este tipo de decisiones complejas es que las democracias eligen y legitiman a gobiernos especializados.

Ahora bien, aunque no es una consulta populista sino una elección constitucional, el caso norteamericano viene a cuento. Es profundamente peligroso someter a la votación popular de masas poco informadas a un candidato que, paradójicamente, pondría en riesgo la existencia de la democracia misma. Quizás anticipando a los candidatos “Trump”, los fundadores de EEUU establecieron mecanismos de democracia indirecta, por medio de votos electorales. No vaya a ser.  

Corrupción, cultura e incentivos

La corrupción es un fenómeno que existe desde los inicios de la civilización. Disciplinas como la ciencia política, la sociología y el derecho se han encargado de estudiarla exhaustivamente. Definirla es simple: el abuso del poder -casi siempre público- para obtener ganancias privadas. Combatirla no es tan simple, pues esto pasa por definir en primer lugar, ¿por qué las personas tienden a ser corruptas? ¿es efectivamente un problema cultural o uno institucional?

La postura más simplista y que invita a quedarnos de brazos cruzados es la tradicional afirmación de que “la corrupción es un problema cultural.” Es decir, hay algo inherente a la mexicanidad que nos hace abusivos del poder; en otras palabras, somos corruptos porque somos mexicanos… Llevado al extremo, esta afirmación llega a tener connotaciones de audacia (el que no transa no avanza, un político pobre es un pobre político, etc.). Aun más lamentable y cínica es la afirmación “la corrupción somos todos”, como si el ciudadano común tuviera la responsabilidad y las herramientas (el poder) para resolver los problemas públicos. No, para eso existe el gobierno democráticamente electo.

Hay otra visión para entender la corrupción, ésta si basada en teoría. La corrupción es un problema de incentivos. Académicos como Rose-Ackerman o Montinola y Jackman ejemplifican esta posición con una ecuación simple: Abusar del poder público depende del costo-beneficio. Si el beneficio de violar la ley es alto y la probabilidad de ser descubierto y castigado son mínimas, hasta los suizos serian altamente corruptos. En esta visión, un aspecto clave para acotar la corrupción es el cambio tecnológico. Abordaremos este tema en la siguiente entrega. 

Hillary y las universidades

Una de las propuestas más audaces y controvertidas de Hillary Clinton se da en el ámbito de la educación superior. El planteamiento es elegante y poderoso: garantizar la gratuidad de las universidades públicas estatales.

Es audaz porque representaría la solución a uno de los problemas más graves de la clase media norteamericana: el acceso a la universidad y la enorme deuda de las familias para cubrir sus elevados costos. Es controvertida porque va en contrasentido de uno de los valores centrales del modelo de gobernanza de las universidades públicas y de la ideología económica de Norteamérica: la capacidad de las instituciones para cobrar por sus servicios y así mantener estándares globales de calidad, transfiriendo los costos principalmente a las familias.

El eje de la propuesta es que las familias que ganen menos de 85 mil dólares al año no pagarían colegiatura para sus hijos en universidades públicas estatales, y los fondos se aumentarían gradualmente para que en 2021 este beneficio alcance a las que ganen hasta 125 mil dólares; asimismo, habría prórrogas para reestructurar la deuda que permita a los egresados saldar préstamos en máximo 20 años, de acuerdo a sus ingresos y con intereses bajos.

La propuesta suena bien, pero la pregunta obligada –y aguafiestas- en política pública es: ¿quien paga y cuales serían las consecuencias de largo plazo? Aun para la potencia estadounidense sería muy difícil mantener el alto financiamiento que ahora tienen sus universidades solo con recursos públicos, lo que para algunos críticos pondría en riesgo el prestigio global de su sistema público. Veamos qué dice Hillary en los debates en puerta. 

La política de los técnicos

En política pública (policy) no hay decisión puramente técnica, quien así lo afirme probablemente pretende maquillar una agenda política (politics). En un mundo ideal, primero se realizaría la investigación científico-técnica y, de lo que resulte, se implementaría una política racional y neutral. No obstante, la realidad es necia y, generalmente, la relación causal es inversa: primero se toma una definición política y después se busca la justificación técnica.

La socióloga Dorothy Nelkin, en su estudio “El impacto político del conocimiento técnico”, argumenta que los científicos pasaron a ser indispensables para los temas de política pública, pues “su conocimiento es extensamente considerado como una fuente de poder”. La autora explica cómo la técnica refuerza la idea de la elección racional para tomar decisiones, como “un medio para defender la legitimidad de decisiones específicas”. Nelkin aborda dos casos donde decisiones impopulares tratan de justificarse por medio de expertos: una planta de energía nuclear en el estado de Nueva York y una nueva pista de aterrizaje para el aeropuerto de Boston. En ambos casos, el conflicto político transitó de la arenga a los informes técnicos contradictorios.

Ejemplos en México los hay en abundancia, para muestra un botón: El ya tristemente célebre tiradero de Cocula, donde hay evidencia científica sobre la existencia de fuego y sobre la falta del mismo; así como el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, donde se argumenta técnicamente tanto su viabilidad como su inoperancia. En ambos casos hay “ciencia” a la carta.

Al final del día, cualquier decisión pública es más justificable cuando resulta de un algoritmo matemático o de un focus group.

El Brexit y la academia

La incertidumbre sobre el futuro del Reino Unido ha alcanzado a la academia. Pertenecer a la Unión Europea conlleva que los estudiantes de los diversos países que la integran paguen una colegiatura menor que otros estudiantes internacionales. Así, un ciudadano europeo paga alrededor de 9 mil libras esterlinas anuales para un programa en el Reino Unido, mientras que las colegiaturas para ciudadanos no europeos pueden ir desde las 16 mil libras para un programa en artes, hasta las 32 mil para programas de medicina.

Además, los profesores de la Unión Europea tienen acceso a fondos nada despreciables como Horizon 2020, con una bolsa de 80 mil millones de euros para 2014-2020. En un ejemplo de lo que viene, el periódico The Guardian reporta que autoridades universitarias europeas han pedido a científicos británicos que desistan de sus aplicaciones para estos programas, debido a que muy pronto ya no serán parte del club. Ante esto, ha surgido la alarma en las universidades británicas por el temor a perder estudiantes y financiamiento; asimismo, la incertidumbre permea en los estudiantes europeos en el Reino Unido, que perderían el subsidio que los llevo a estudiar ahí en primer lugar. Fiel a la irracionalidad del Brexit: todos pierden.

En este panorama sombrío, Theresa May deberá tejer fino en las negociaciones de salida, evitando que la debacle política en que se metieron gratuitamente los británicos represente un retroceso en el desarrollo de sus prestigiadas universidades y, por ende, en el avance científico y tecnológico de Europa.

Las universidades británicas necesitan afecto, México debe aprovechar la oportunidad para estrechar lazos.