¿Cómo se financia el terrorismo del Estado Islámico?

En occidente, tendemos a pensar en los terroristas como hordas de individuos irracionales, salvajes y hasta ignorantes. No tengo elementos para especular sobre el nivel socio-cultural de estos grupos, pero si los hay para afirmar que son organizaciones sofisticadas desde el punto de vista financiero. Tomemos como ejemplo a la organización criminal quizás más peligrosa e influyente en la actualidad, el Estado Islámico, considerado por analistas como el grupo terrorista mejor financiado de la historia.

     

El Estado Islámico de Irak y al-Sham (ISIS por su sigla en inglés) es un grupo que controla grandes zonas al noroeste de Irak y noreste de Siria, con una influencia territorial de aproximadamente 30,000 kilómetros cuadrados –equivalente al territorio de Bélgica. ISIS, a diferencia de otras organizaciones terroristas, ha desarrollado un sistema de financiamiento altamente eficiente que prácticamente no depende de donaciones para sobrevivir. Así, el grueso de sus recursos provienen de dos fuentes: los ingresos petroleros y el sistema de “impuestos” y extorsiones que han establecido en zonas bajo su control.

ISIS mantiene campos petroleros en Irak y Siria los cuales, según el diario The Economist, generan alrededor de $2 millones de dólares diarios. Por otra parte, según Fawaz Gerges, especialista en Estudios Contemporáneos de Oriente Medio en la London School of Economics, el Estado Islámico controla los servicios de agua y electricidad en amplias zonas de influencia, por los cuales ha establecido impuestos y derechos a los ciudadanos,  agricultores y a negocios minoristas. De acuerdo a Brett McGurk, funcionario de gobierno estadounidense, el cobro de servicios, la extorsión y el contrabando le generan al grupo alrededor de $412 millones de dólares mensuales. 

Así pues, ISIS es una organización muy bien aceitada financieramente -que paga sueldos de aproximadamente $400 dólares al mes a sus más de 25 mil soldados-; por ello, no sorprende la resiliencia de este grupo terrorista ante los embates de la coalición militar liderada por Estados Unidos. Además de las bombas y los drones, se requiere más inteligencia financiera para derrotarlos. Como decía el ex presidente Bill Clinton, es la economía, estúpido.  

Peña Nieto y Underwood

Frank Underwood, el astuto presidente norteamericano en la popular serie House of Cards, cae en desesperación al ser rechazado unánimemente por su partido para postularse en las elecciones presidenciales de 2016 (ocupa la presidencia sin haber sido electo, ante la defenestración de su predecesor). Después de maniobras infructuosas por restablecer el apoyo de los líderes del partido y de tratar de doblegarlos, Underwood tiene un flashazo de sabiduría y sensatez reconociendo que “en política no se puede ir en contra de las leyes de la física”, que ante fuerzas superiores es mejor navegar a favor de la corriente.

El presidente Peña Nieto, después de contraproducentes maniobras mediáticas para tratar de cambiar la percepción nacional sobre los excesos de su gobierno -y en general de la clase política nacional-, parece haber tenido también un momento de sensatez en su reciente visita al Reino Unido. Ante el Financial Times aceptó que en México priva una sensación de “incredulidad y desconfianza”, por lo que debemos “reconsiderar hacia donde nos dirigimos” como gobierno. Deja pues de desafiar las leyes de la física y se monta en la ola social, reconociendo que el problema es la corrupción y la falta de credibilidad.

Buena decisión, sin embargo, no es suficiente una declaración acertada sin acciones contundentes. Coincido con el presidente cuando afirma que “no todo está perdido en su sexenio, que aún se pueden dar resultados”. Sin embargo, ningún resultado será válido para la sociedad si no representa un ataque frontal a la corrupción, incluyendo investigaciones y detenciones de alto impacto. En sus manos está que la Casa Blanca quede atrás.  

El “free lunch” y la reforma educativa superior en Chile

A nivel global, generalmente hay una inadecuada interpretación del concepto “gratuidad”, pensando que lo gratuito significa que nadie paga por un servicio público. No hay tal, todo servicio cuesta, la cuestión es quién y como se paga. Ello viene a cuento por el proyecto de reforma en la educación superior chilena, quizás la más ambiciosa en ese nivel educativo del presente siglo. La premisa es simple: hacer la educación superior gratuita para todos, en un modelo que tradicionalmente ha compartido costos entre el sector público y el privado (alrededor de 30 y 70 por ciento, respectivamente).

No podemos estar en desacuerdo con la política de que los jóvenes puedan tener acceso a la educación superior de calidad sin necesidad de pagar y, en muchas ocasiones, endeudarse para ello. El problema es más pragmático, ¿cómo va a sostener el Estado Chileno un sistema educativo superior que representa el 2.5 por ciento del PIB del país? (México invierte alrededor del 1 por ciento del PIB en educación superior, incluyendo la inversión privada). Asimismo, hay que preguntarse si Chile podrá mantener los estándares de cubertura y calidad que tiene sin el apoyo sustantivo del sector privado.

De acuerdo con la OCDE, en 2013 Chile tenía 74.1 por ciento de cobertura en educación superior (acceso universal) y casi el doble de la cobertura promedio de Latinoamérica y el Caribe, del 42.8 por ciento (México tiene 29.4 por ciento). En cuanto a calidad, según el ranking QS 2014, Chile ha mantenido a 15 universidades entre las mejores de América Latina y tiene a la universidad mejor posicionada, la Pontifica Universidad Católica de Chile.  

Volvamos al meollo, ¿quién va a pagar por dicha gratuidad? Hay una reforma fiscal en marcha que aumentaría la recaudación en 3 puntos del PIB, unos $8,200 millones de dólares. Sin duda extraordinarias intenciones, pero el gobierno chileno debe garantizar una reforma educativa coherente y sostenible en el largo plazo, con claridad sobre el costo para el erario público. De otra manera Chile se convertirá de a poco en otro Estado populista. 

AHELO y el mito de los rankings universitarios

Los rankings universitarios internacionales no miden el desempeño académico sino la riqueza financiera las universidades y de sus respectivos países. Así, Estados Unidos concentra 31% de la capacidad económica mundial y acapara 52% del Top 100 de las mejores universidades del mundo según el Academic Ranking of World Universities (ARWU). También hay una relación muy estrecha entre la capacidad económica del Reino Unido, Alemania, Francia, Australia y Canadá y el número de universidades que se han colocado entre las mejores del mundo. Se da pues un circulo virtuoso -o mejor dicho efecto Mateo- entre el desarrollo económico y el prestigio académico.

No obstante, poco a poco cae el mito de que ser una universidad rankeada en el TOP 100 significa que los estudiantes desarrollan habilidades y aprendizajes de alto nivel. Por ejemplo, de acuerdo con un análisis realizado por Richard Arum y Josipa Rosksa en universidades norteamericanas, en una muestra de alrededor de 2,300 estudiantes de pregrado en 24 instituciones, después de dos años de estudios 45% no demostró una mejora significativa en una serie de habilidades tales como el pensamiento crítico, el razonamiento complejo y la escritura. Algo está pasando, o dejando de pasar, en las aulas universitarias; algo que escapa al escrutinio de los rankings tradicionales, obsesionados con el número de premios Nobel y los presupuestos para investigación.

En ese contexto, la OCDE impulsa desde hace algunos años un proyecto muy trascendente llamado AHELO (Assessment of Higher Education Learning Outcomes), que busca medir los resultados de la enseñanza y el aprendizaje universitarios. La premisa es comprobar mediante pruebas estandarizadas qué es lo que saben y son capaces de hacer los graduados universitarios en una escala internacional, independientemente del prestigio de la universidad. Desafortunadamente, el avance del proyecto es lento y su futuro incierto. La razón parece obvia y a la vez desconcertante: hay temor de diversas universidades -y sus respectivos países- que con AHELO pierdan su posición y su misticismo como las mejores universidades del mundo. Esta prueba alteraría la economía política de la educación superior, de ahí que probablemente no prospere.