Como sucede al menos una vez al año, cuando un crimen de alto impacto a
manos de algún desequilibrado mental cimbra a la sociedad norteamericana, el
debate sobre el control de armas de fuego está de nuevo en la agenda de aquel
país. El problema desde el punto de vista técnico pareciera simple y de sentido
común: generar regulaciones para que no sea tan fácil que armas de fuego
lleguen a las manos de las personas equivocadas. Sin embargo, la ideología y
las posiciones partidistas han polarizado este debate, obstaculizando políticas
racionales y sensatas.
La Segunda Enmienda Constitucional de los Estados Unidos, aprobada en 1791, plasmó el derecho a poseer armas para que la
sociedad civil pudiera defenderse directamente de cualquier amenaza. En ese
país el derecho a las armas de fuego es parte de la cultura y la identidad,
pero la interpretación constitucional ha ido demasiado lejos; para adquirir un
arma automática solo basta ir a un supermercado, mostrar una identificación y
pagarla. Un franco sinsentido.
En
2012, la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen (UNODC) estimó
que 270 millones de armas estaban en manos de civiles estadounidenses; 88 armas
por cada 100 habitantes. Contrario a lo que afirma la Asociación Nacional del
Rifle (NRA), este armamentismo civil no ha hecho a los norteamericanos más
seguros. El Centro para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC) reportó
que, en 2013, hubo 33,636 homicidios por arma de fuego en EUA (en México fueron
23,063). Acá hay guerra contra las drogas, allá debería ser contra las armas.
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