Ante el complicado panorama económico
nacional, principalmente dada la caída de los precios del petróleo –más del 30%
del gasto público proviene de ingresos petroleros-, el Gobierno Federal anunció
la restructuración del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el
2016 con base la metodología base cero.
Suena elegante e innovador, sin embargo, si el tema va en serio las
implicaciones son profundas.
El presupuesto base cero significa
que cada programa presupuestal debe justificar su existencia año con año,
eliminando aquellos que ya no contribuyen suficientemente al bien público. Se
antoja difícil, sobre todo en una lógica Weberiana donde el principal objetivo
de la burocracia es sobrevivir y crecer. Así, ninguna organización o programa
estará dispuesto a aceptar que se ha vuelto irrelevante –aunque muchos de ellos
ya lo sean desde hace décadas.
Como siempre, el problema está en
los detalles: ¿Cuál será dicha base “cero”? Paradójicamente, dicha base no puede ser cero. En realidad, existe
un margen muy limitado para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque
la mayor parte del presupuesto ya está comprometido en gastos ineludibles tales
como la deuda pública, pensiones y jubilaciones, prestación de servicios
públicos en seguridad, salud, educación, etc. De acuerdo con el Centro de
Estudios de las Finanzas Públicas, solo alrededor del 6 por ciento del gasto
público nacional es sujeto a modificaciones. Para las universidades públicas el
panorama presupuestal no es distinto, sus gastos ineludibles alcanzan entre un
90 y 95 por ciento de sus presupuestos totales.
Ante este contexto, la
incertidumbre crece y Hacienda tiene la obligación de presentar los detalles
cuanto antes.
No comments:
Post a Comment