En política pública (policy) no hay decisión puramente
técnica, quien así lo afirme probablemente pretende maquillar una agenda
política (politics). En un mundo
ideal, primero se realizaría la investigación científico-técnica y, de lo que
resulte, se implementaría una política racional y neutral. No obstante, la
realidad es necia y, generalmente, la relación causal es inversa: primero se
toma una definición política y después se busca la justificación técnica.
La socióloga Dorothy Nelkin, en su estudio “El
impacto político del conocimiento técnico”, argumenta que los científicos
pasaron a ser indispensables para los temas de política pública, pues “su
conocimiento es extensamente considerado como una fuente de poder”. La autora
explica cómo la técnica refuerza la idea de la elección racional para tomar
decisiones, como “un medio para defender la legitimidad de decisiones
específicas”. Nelkin aborda dos casos donde decisiones impopulares tratan de
justificarse por medio de expertos: una planta de energía nuclear en el estado
de Nueva York y una nueva pista de aterrizaje para el aeropuerto de Boston. En
ambos casos, el conflicto político transitó de la arenga a los informes
técnicos contradictorios.
Ejemplos en México los hay en abundancia, para
muestra un botón: El ya tristemente célebre tiradero de Cocula, donde hay
evidencia científica sobre la existencia de fuego y sobre la falta del mismo;
así como el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, donde se argumenta
técnicamente tanto su viabilidad como su inoperancia. En ambos casos hay
“ciencia” a la carta.
Al final del día, cualquier decisión pública es más
justificable cuando resulta de un algoritmo matemático o de un focus group.
